El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, en relación con los derechos a la vida y a no padecer torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes, tomando en consideración las circunstancias concretas que pueden entrañar en estos casos una dificultad probatoria, ha aludido a la existencia de motivos serios y acreditados para creer que si el interesado es entregado al Estado requirente correrá un riesgo real de ser sometido a torturas o a penas o tratos inhumanos o degradantes (caso Soering, caso Ahmed contra Austria; Sentencia de 11 de julio de 2000, caso G.H.H. y otros contra Turquía). Ello supone que es preciso que «el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado» y, además, no bastan alusiones o alegaciones «genéricas» sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos ( STC 148/2004, de thirteen de septiembre ).
No puede predecirse de forma certera el tiempo de tramitación de un procedimiento hasta el juicio, pues si bien el art. 324 LECrim marca un plazo máximo de instrucción de twelve meses, dicho plazo es prorrogable y no incluye la fase intermedia ni la de enjuiciamiento.
Otros de los procesados actuaban como catadores de droga, cuando pensaban comprar una cantidad importante, como correos de la misma o como chofer de los líderes en las operaciones de compra.
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Los casos de extradición en España han de ser tratada por un despacho de abogados expertos en derecho penal internacional.
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La norma habrá de interpretarse en el sentido que dichos complementos informativos también pueden tratar sobre hechos o derechos impeditivos de la entrega que se soliciten a los efectos de lo estableció en los arts. 3,4, y 5 de la propia de la LEP por más que la redacción literal del precepto pudiera sugerir lo contrario.
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El Informe también señala que en algunas partes del mundo la potencia del cannabis se ha incrementado hasta cuatro veces en los últimos 24 años, aunque el porcentaje de adolescentes que perciben esta droga como nociva se redujo hasta en un 40% a pesar de las pruebas de que su consumo se asocia a una serie de daños para la salud y otros efectos, especialmente entre consumidores habituales.
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La manera y forma de proceder en estos casos, es por conexión, a la forma y proceder de un procedimiento penal ordinario, donde es este Juzgado de instrucción el que resuelve sobre la pertinencia o no de las pruebas, elevando al Juzgado o Sala de lo Penal el expediente concluso y completo para su enjuiciamiento.
